DEJANDO DE VER HACIA EL NORTE… MIREMOS HACIA EL SUR

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Luego de la retirada de los españoles, controlaron el poder político los religiosos, luego lo hicieron los terratenientes, después los militares y últimamente los empresarios. Parece ser que hoy les llegó el turno a los intelectuales, a los técnicos.

Las dos formas de llegar al poder son: la revolución y la elección. Entre ambos casos extremos, podría haber otras formas secundarias. Va de una opción violenta a otra menos violenta. La revolución tiene como fin último reaccionar usando la fuerza, una opción de hecho por supuesto, contra todo un sistema tradicional que tiene como fin sustituirlo por otro que mejore las condiciones de vida de la población. Por su parte, la elección por ser un proceso de llegar al poder por la vía legal, es decir, de derecho, va encaminado a la preservación del sistema. Por consiguiente, la elección debe ser vista como única forma lícita de llegar al poder que permite el sistema. También nuestra Constitución en sus Arts. 87 y 88, legitima la insurrección del pueblo (no de un sector o grupo) en los casos que en las mismas disposiciones se mencionan. Esta es una forma alternativa, anormal y de hecho, pero lícita para preservar el sistema.

Es de aclarar que la independencia que en el país se celebra, no fue producto ni de revolución ni de elección, fue una negociación o arreglo político religioso entre España y sus afines en el istmo centroamericano.

Las leyes, la moneda y la influencia cultural española continuaron formando parte de la estructura de los nuevos Estados centroamericanos.

Pero tampoco podemos decir, que luego de la independencia hubo elección. Lo que hubo fue continuas pugnas por el poder.

Entonces, además de la invasión, la otra forma anormal y sucia de llegar al poder fueron los golpes de estado promovidos por sectores militares y la clase dominante, movidos o provocados por la AMBICION de poder; y cuando ya se dieron los procesos electorales, tampoco hubo transparencia. Ningún golpe de estado es limpio, además los procesos electorales que registra la historia de El Salvador siempre han sido mancillados por fraudes; aun hoy en día, el miedo y el obsequio, es recurso contaminante y constitutivo de vicio.

Al retirarse los españoles, quienes asumieron el control del poder político-económico y religioso dirigieron la mirada hacia el norte. Algunos próceres buscaban anexar nuestro país a Los Estados Unidos, quien había declarado su independencia de Inglaterra algunos años antes. También México tenía interés en extender su dominio político hasta el territorio centroamericano.

Nuestra independencia no mostraba consistencia sino fragilidad frente al fuerte.

La tendencia a buscar hacia lo norteamericano no ha cesado. Ambos países, uno quizá más que otro, mantienen su presencia cultural, económica, política y religiosa sobre nuestro país. Casi una disputa, ya que seguimos como el satélite, girando alrededor de ellos, en un buen porcentaje inclinados a la dependencia.

En estos momentos estamos siendo testigos del fracaso del sistema económico que dio prosperidad al norte. Lógicamente ha colapsado porque no era consistente, no era sostenible. Junto a él ha fracasado también el sistema político. En su agonía, los tres países del norte buscan integrarse y hablan de crear su propia moneda, ante la caída también de la otrora moneda mundial: el dólar.

En la última semana de octubre del año recién pasado, en la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos celebrada en San Salvador, algunos mandatarios, los que tomaron en serio el evento, muy elocuentemente y con lógica económica, enviaron un mensaje a Latinoamérica, advirtieron el fracaso del sistema político-económico, argumentando y señalando que se vuelve imposible restablecerlo e intentar hacerlo solo es remendarlo, es como tratar de resucitar a un cadáver. Dijeron que se debe de crear o dar paso a un nuevo sistema alternativo, que nos permita superar la crisis y no caer en la tumba donde yace el sistema al que hemos estado atados por mas de trescientos años. No estamos obligados a sucumbir con ellos. No estamos obligados a seguir sus designios ciegamente.

Debe haber entonces, urgentemente, una reorientación tanto de la política exterior de nuestro país como de la económica, ya que el el Art. 1 de la Constitución establece que “la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado”. No se debe condenar a la población por un capricho político a acompañar al norte en su tragedia económica.

Tenemos la base constitucional para hacerlo, el Art. 89 de la Constitución, dice: “El Salvador alentará y promoverá la integración: humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las del istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse: mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales”. El enunciado es imperativo.

La disposición no nos limita a integrarnos mirando exclusivamente hacia el norte. Sin ningún prejuicio, en aras del bien común, debe orientarse nuestras relaciones económicas, sociales y culturales con dirección hacia Suramérica y el Caribe, donde se consolida un bloque de países con una economía más consistente, sostenible e independiente. Donde los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y trabajar en esos países, donde se amplíe y se fortalezca la cooperación mediante la cual se nos favorezca con petróleo mas barato, atención médica ampliada a todo tipo de cirugías a modo de que mejore la calidad de vida de todos los salvadoreños. El Salvador, no debe quedar aislado con relación a nuestro entorno centroamericano.

Hasta hoy, los beneficios se han enfocado a las ganancias del empresario y del inversionista, ha prevalecido privilegiar el interés económico de unos pocos sobre el interés humano de las grandes mayorías. Lo cual es totalmente inconstitucional.

El Art. 246 de la Constitución establece que “el interés público tiene supremacía sobre el interés privado”.

Desde hace 300 años, este precepto constitucional ha estado siendo violentado. El interés público, debe interpretarse como el interés de todos los habitantes de El Salvador, y el encargado de velar y hacer efectivo que prevalezca el apoyo y protección al interés público es el Estado a través de sus instituciones.

No puede continuar prevaleciendo el interés privado sobre el interés público. Esto es totalmente inconstitucional y no hay que esperar que haya resolución al respecto para asegurarlo.

Debe trabajarse para que mejoren las condiciones de vida de todos y de todas.