Se percibe en el ambiente la tendencia gubernamental a presentar la norma jurídica penal como una muralla milagrosa que detendrá los problemas delincuenciales del país.
Leyes especiales han sido aprobadas e igualmente han sido derogadas o declaradas inconstitucionales, todas han presentado un común denominador: ninguna ha sido efectiva.
El sistema solo quiere armas, armas político legales que tiendan a reprimir los actos ilícitos sociales. Solo quieren enfrentar el problema con leyes sin involucrar la justicia.
La convivencia necesita regulación normativa, es cierto, pero no se puede aislar de la justicia. La delincuencia es un fenómeno social estructural, es una expresión surgida por las injusticias del sistema. Si hubiera justicia social y aun así surgieran delincuentes, entonces sería acertado el tratamiento con normas represivas.
El sistema divide la sociedad entre los ricos, por una parte, y las grandes mayorías empobrecidas, por otra. La justicia busca la equidad, la igualdad, igualdad no vista como un principio constitucional utópico, sino hecha una realidad; la marginación y discriminación (laboral, educativa, cultural, comercial, jurídico legal, económica) es injusticia. Si por justicia se entiende dar a cada quien lo suyo, los que no tienen lo que les corresponde siempre van a reclamar ya sea de manera expresa o de forma tácita se les entregue; esta última forma, reflejada en una de sus manifestaciones: la delincuencia.
La persecución (ley penal) es buena, pero no es justa si no se corrige la desigualdad, si no se acompaña con medidas alternativas. En derecho, la detención es la última medida a aplicar. El Estado y sus instituciones necesitan analizar las causas que producen la delincuencia, para corregir la política con la que trata el fenómeno. Al final, el poder real y el poder político son los responsables, porque mediante la pobreza que generan separan mas al resto poblacional y les niegan espacios y oportunidades. Provocan violencia, inestabilidad, inconformidad, emigración, desempleo.
No es posible separar el derecho de la justicia, uno y otro se complementan. Pretender hacerlo ha agravado la crisis. Ese divorcio impuesto nos tiene sin paz social. Por un lado unos exigen más leyes frente al crimen, otros, por otro, reclaman por justicia para enfrentarlo. No más separación entre el derecho y la justicia.
Dios al pueblo de Israel le dijo “No hurtarás”, pero a todos les dio maná y les repartió la tierra prometida.
Leyes especiales han sido aprobadas e igualmente han sido derogadas o declaradas inconstitucionales, todas han presentado un común denominador: ninguna ha sido efectiva.
El sistema solo quiere armas, armas político legales que tiendan a reprimir los actos ilícitos sociales. Solo quieren enfrentar el problema con leyes sin involucrar la justicia.
La convivencia necesita regulación normativa, es cierto, pero no se puede aislar de la justicia. La delincuencia es un fenómeno social estructural, es una expresión surgida por las injusticias del sistema. Si hubiera justicia social y aun así surgieran delincuentes, entonces sería acertado el tratamiento con normas represivas.
El sistema divide la sociedad entre los ricos, por una parte, y las grandes mayorías empobrecidas, por otra. La justicia busca la equidad, la igualdad, igualdad no vista como un principio constitucional utópico, sino hecha una realidad; la marginación y discriminación (laboral, educativa, cultural, comercial, jurídico legal, económica) es injusticia. Si por justicia se entiende dar a cada quien lo suyo, los que no tienen lo que les corresponde siempre van a reclamar ya sea de manera expresa o de forma tácita se les entregue; esta última forma, reflejada en una de sus manifestaciones: la delincuencia.
La persecución (ley penal) es buena, pero no es justa si no se corrige la desigualdad, si no se acompaña con medidas alternativas. En derecho, la detención es la última medida a aplicar. El Estado y sus instituciones necesitan analizar las causas que producen la delincuencia, para corregir la política con la que trata el fenómeno. Al final, el poder real y el poder político son los responsables, porque mediante la pobreza que generan separan mas al resto poblacional y les niegan espacios y oportunidades. Provocan violencia, inestabilidad, inconformidad, emigración, desempleo.
No es posible separar el derecho de la justicia, uno y otro se complementan. Pretender hacerlo ha agravado la crisis. Ese divorcio impuesto nos tiene sin paz social. Por un lado unos exigen más leyes frente al crimen, otros, por otro, reclaman por justicia para enfrentarlo. No más separación entre el derecho y la justicia.
Dios al pueblo de Israel le dijo “No hurtarás”, pero a todos les dio maná y les repartió la tierra prometida.
Publicado en Diario Colatino el día 13 de febrero de 2007.
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