TODAVÍA ESTAMOS LEJOS DE LA TRANSPARENCIA EN LOS CARGOS PÚBLICOS

Los acuerdos de paz firmados en 1992, dieron un leve respiro para la mejora de la situación del país. Se le puso fin a la guerra más no a la corrupción y al abuso del poder. Hubo reformas constitucionales, que llevaron a la creación de organismos como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional de la Judicatura. El objetivo era crear un ambiente de confianza ante las instituciones del Estado, para hacer prevalecer el Estado de Derecho, todo en beneficio de la persona humana que es origen y fin de la actividad del Estado.
Sin embargo, la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad y la creación de la Policía Nacional Civil, no ha dado los frutos esperados. La delincuencia se ríe de las autoridades de seguridad pública. Los cuerpos de seguridad han resucitado pero ya como seguridad privada o como cuerpos de seguridad privatizados de hecho. Se está haciendo creer que la P.N.C. no funciona, y no funciona porque hay una tendencia del presente gobierno, a manejar las instituciones al estilo Tribunal Supremo Electoral, de no intervención ante los casos como la campaña sucia y los centroamericanos que vinieron a ejercer el voto, que a propósito, también la Policía no hizo lo que constitucionalmente le corresponde, en lugar de trasladar esos visitantes a la División de Fronteras, recibió ordenes superiores malévolas de protegerlos. De igual forma trabaja la Corte de Cuentas frente a los casos de corrupción, solo se hace la desentendida. Igual posición se ha observado de la F.G.R. Solo caen como fieras, como el de Suchitoto y El Paisnal, o sea en casos en que estén involucrados políticos de izquierda, con el argumento del terrorismo.
A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no se le ha dotado de las herramientas jurídicas y logísticas necesarias para que haga su trabajo, nació atada. Al respecto aparece un artículo anterior desarrollando este tema.
Esta parcialidad evidente no es transparencia, tampoco es de justicia. Es de maldad. Tiene motor, tiene origen, también tiene dedicatoria.
Ahora, aparece en el escenario otra institución más bajo este mismo diseño, el Consejo Nacional de la Judicatura. La enfermedad aun no había brotado, sin embargo, también ya se hizo evidente.
Las críticas a auto incluirse o auto proponerse en la lista de Abogados para optar a una Magistratura están lloviendo, y con justa razón. Es cierto que no es ilícita la inclusión, pero está contra la justicia y la moral.
Lo que la ley no prohíbe lo permite, es cierto, pero esta inclusión no es ética. A propósito, al respecto, también ya se publicó en ésta página un artículo sobre la ética en la elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
Señores, ya el pueblo se pronunció el 15 del presente mes, contra esta situación, ya no quiere ver ni oír mas de estos casos en El Salvador, en las noticias de nuestros medios de comunicación.
Por favor, entendamos, que es precisamente a esto, a estas maniobras oscuras, que el pueblo salvadoreño le está diciendo BASTA!
Si este nombramiento de Magistrados fuera de elección popular… creen que el pueblo daría sus votos por los candidatos cuestionados?
Hay nombres que no deben estar en esa lista, porque están manchados con decisiones sucias y oscuras, otros solo tienen ambición de poder, pero de a, de transparencia y de ética no entienden mucho.
En los acuerdos de paz de 1992, se dio el primer salto con dirección a los cambios. El 15 de marzo recién pasado, el pueblo tomó el poder y ha votado para sacar del gobierno ese tipo de funcionarios, decidió el rumbo que quiere para este país, por lo tanto no se debe insistir en caminar en sentido contrario.